«Lo único que quiere es volver a trabajar como Guardia Civil a pesar de su discapacidad física». Es el objetivo de Raquel Morcillo y su marido Jacobo Barchín, un guardia civil natural de San Clemente que tiene una lesión medular incompleta tras un accidente de bicicleta. Una lucha que lleva intentando conseguir desde hace tres años y medio y que diferentes tribunales médicos no se lo están poniendo fácil, aunque él se vea capacitado y sea completamente autónomo e independiente.
Jacobo es un aficionado al ciclismo, pero el 2 de diciembre de 2020 sufrió una caída con su bicicleta y cayó en una arqueta abierta, sin alcantarillar y sin señalizar. El accidente le provocó una lesión medular a nivel dorsal 12 que al principio se la diagnosticaron como completa, una paraplejia de miembros inferiores. «Le dijeron que no volvería a caminar nunca más ni a ponerse de pie», cuenta su mujer Raquel. Pero tras años de rehabilitación y «luchando mucho», se ha demostrado que su lesión es incompleta y tiene una paraparesia, es decir, una disminución de fuerza y sensibilidad, «sí que hay algo de movilidad, y sus miembros superiores y sus facultades cognitivas están intactas».
Sin embargo, la Dirección General dice que no puede volver a trabajar como Guardia Civil y su lucha estos tres años y medio es conseguirlo «porque es su vocación», asegura Raquel. Jacobo tiene su plaza como guardia civil tras un proceso largo que empezó en 2010 y que, después de estar cuatro años en el Ejército de Tierra, consiguió en 2015. Hizo la instrucción en Baeza y las prácticas en su pueblo, San Clemente. Finalmente, en 2020, justo antes de comenzar la pandemia, fue destinado a su puesto actual en la localidad alicantina de El Campello.
Tres tribunales médicos le dan la incapacidad permanente
La lucha de Jacobo y Raquel es conseguir el apto con limitaciones y que le adapten su puesto de trabajo dentro de la Benemérita. En julio de 2022, Jacobo acude al primer tribunal médico militar de Valencia donde «a pesar de haber quedado sorprendidos por la evolución favorable que estaba llevando, le dijeron que necesitaban el certificado con el reconocimiento de grado de discapacidad, que en ese momento no lo tenia para así poder ayudarle y adaptarle su puesto de trabajo», dice Raquel.
En marzo de 2023, Jacobo vuelve a ir al mismo tribunal médico militar con el grado de discapacidad física reconocido, un 70%, pero le dicen que con ese grado de discapacidad no puede seguir trabajando como guardia civil. «Le dijeron incluso que se buscara una asociación por las tardes para estar entretenido», señala su mujer.
Es por ello que tomaron la decisión de acudir al servicio jurídico de la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, con la que presentaron alegaciones a esa resolución. Posteriormente, le derivaron al tercer tribunal médico en enero 2024, al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, donde lo valoran dos especialistas «que también se quedan sorprendidas por su evolución y le dicen que van a hacer todo lo posible para ayudarle a que le adapten el puesto de trabajo, incluso le proponen verbalmente para un apto con limitaciones».
Finalmente, el tribunal no lo propone y «al final dicen lo mismo que los otros tribunales, le proponen para una incapacidad permanente con el consecuente pase a retiro». Jacobo, asesorado de nuevo por los servicios jurídicos de AUGC, volvió a presentar alegaciones hace un mes por «discriminación laboral por discapacidad» y hoy en día están pendientes de lo que resuelva el Ministerio de Defensa, «que es quien tiene la última palabra».
Precedentes en la Policía Nacional y el Ejército de Tierra
Raquel cuenta a este periódico que Jacobo actualmente puede caminar distancias cortas y ponerse de pie con ayuda de unas órtesis y un andador. La especialidad de su marido es la seguridad ciudadana y estaba de patrulla por la calle, pero «nosotros lo que estamos pidiendo es un apto con limitaciones y que adapten su puesto de trabajo a sus necesidades para que pueda seguir ejerciendo labores burocráticas y administrativas dentro de la Guardia Civil, ya que la propia normativa interna lo contempla». Dice además que incluso estando en el hospital ingresado, Jacobo realizó tres cursos de especialización «con vistas a reincorporarse en un futuro».
Su mujer cree que los tribunales militares no le adaptan su puesto de trabajo «por un tema de imagen y de prejuicios, que no quieren romper esta barrera que por ejemplo sí se ha roto en la Policía Nacional o en el Ejército de Tierra». Señala que precedentes hay, pero no en el cuerpo de la Guardia Civil. «No entendemos por qué unos sí y otros no».
Raquel afirma que el Ministerio de Defensa tiene ahora dos opciones: resolver a favor el expediente proponiendo el apto con limitaciones y adaptar el puesto de trabajo de su marido a sus limitaciones físicas; o ratificar la incapacidad permanente y pasarle a retiro. Si ello resultase de esta manera, Jacobo tendría que solicitar el reconocimiento de la incapacidad permanente en la Seguridad Social, lo tendrían que volver a valorar los médicos y todo este proceso se puede prolongar hasta seis meses, tiempo que no estaría percibiendo ningún tipo de subsidio. «Si el ministerio decretase su incapacidad permanente y pase a retiro, la siguiente vía que tomaremos es la judicial a través del Contencioso-Administrativo», admite la mujer del guardia civil.
«Lo único que quiere Jacobo es ejercer su derecho al trabajo porque tiene 34 años. Nosotros no podemos planificar un futuro con toda esta incertidumbre», concluye Raquel que manifiesta que Jacobo quiere volver a trabajar «porque se siente muy útil y puede seguir aportando mucho a esta institución y a la sociedad aunque esté en una silla de ruedas».
