El Ayuntamiento de Cuenca ha explicado que el desalojo del edificio de la calle Obispo Valero, 8 está motivado porque el inmueble está ocupado irregularmente y en “riesgo de derrumbe”, y es un “imperativo legal” que la administración local defienda sus bienes. Las declaraciones las realizó el concejal de Asesoría Jurídica, Patrimonio y Asuntos Generales del Ayuntamiento de Cuenca, Héctor Serrano, en respuesta a un ruego formulado en el Pleno de este lunes por la portavoz de Cuenca, en Marcha, María Ángeles García, en el que quería saber si las viviendas sociales que hay en el inmueble se iban a restituir.
Serrano aclaró que “el motivo del desalojo no es la ampliación del Museo de Cuenca, sino porque se trata de una ocupación irregular y por el mismo estado del inmueble, denunciado tanto por los ocupantes en diferentes escritos como por los técnicos municipales durante los últimos años”. Una denuncia a la que se unió “más recientemente por el servicio de Bomberos, que tuvo que ir hace un par de semanas a intentar apuntalar las vigas para asegurar la cubierta del edificio por riesgo de desprendimiento y no pudieron llevar a cabo alguna de las actuaciones debido a la ocupación del edificio ”.
El concejal de Patrimonio incidió no obstante en que “si una vez desalojado, el Ministerio aborda el proyecto de ampliación del Museo de Cuenca y se hace cargo de la rehabilitación e inversión que requiere el edificio, bienvenida sea”. “Pero esto no es el motivo actual del desalojo”, recalcó.
También añadió que las viviendas en ese inmueble “no están catalogadas como viviendas sociales, son viviendas municipales patrimoniales no demaniales, esto es, que no están destinadas a servicio o uso público; e históricamente han estado destinadas al arrendamiento a trabajadores municipales”.
En cualquier caso, ha informado de que antes de ordenar el desalojo “lo primero que se hizo fue pedir informe al área de Intervención Social, que dijo que no se estaba desarrollando ninguna intervención con ninguno de los ocupantes”.
En este punto ha relatado que “se intentó buscar otras viviendas con posibilidad de establecer un alquiler social a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no fue posible. El Ayuntamiento no tiene viviendas sociales pero sí la Junta, con su respectiva regulación, registro de demandantes de viviendas y hay que cumplir una serie de criterios y están en ese listado”.
“En definitiva -sentenció- no se puede realojar a los ocupantes en otro inmueble pero sí es necesario que se proceda al desalojo de forma inmediata por imperativo legal, que establece que las administraciones locales deben realizar las acciones necesarias para la defensa de sus bienes, y por eso vamos a ejercer las acciones que sean necesarias para proceder al desalojo del edificio”.
García por su parte contestó que “si bien las viviendas no están destinadas a ese fin, es responsabilidad del Ayuntamiento porque la realidad es que hay gente viviendo ahí muchos años que tiene esa situación”. Además, solicitó “con cierta premura” un catálogo de viviendas sociales en Cuenca y ver qué alternativas hay.
Serrano reiteró en su respuesta final que “no hay ninguna vivienda social del Ayuntamiento de Cuenca, hay 49 viviendas municipales y están todas ellas ocupadas de forma más o menos irregular”.
