Cayetano J. Solana Ciprés, secretario de Organización del Partido Popular de Cuenca
Llegarán, más pronto que tarde, las votaciones trascendentales al Congreso de los Diputados. Y allí, Luis Carlos Sahuquillo, único diputado socialista conquense, tendrá que levantarse y votar, un día, “Sí” a la investidura de Pedro Sánchez y, de este modo, avalar sus indignos pactos con los independentistas vascos de Bildu y PNV y los catalanes de Junts y ERC; y, otro día, votar “Sí” a la tramitación de la ley de amnistía para pedir perdón por sus fechorías a Puigdemont, Junqueras, Ponsatí, Forcadell, Turull y otros delincuentes.
Y, apuntalando de forma invisible las votaciones de Sahuquillo, el silencio cómplice y aprobatorio de todo el socialismo conquense, de Martínez Guijarro a Martínez Chana, de Torralba a Godoy, de Dolz a Carrizo, y de todos los alcaldes y concejales que se dejan la piel día a día por el bienestar de sus pueblos mientras asisten impávidos al privilegio de la ley para unos pocos y al viaje del dinero siempre en dirección norte.
Con esta actitud, el PSOE de Cuenca avala la traición a nuestro territorio, permite la afrenta a la separación de poderes innata a cualquier Estado de derecho, aprueba el desequilibrio territorial que “empobrece a las regiones más pobres”, admite que no todos somos iguales ante la ley y aplaude incluso amnistiar los graves delitos de corrupción y malversación de Laura Borrás “porque es bueno para la convivencia”.
Debe resultar difícil, en verdad, perder la dignidad y defender como “socialista” el privilegio insolidario de unos pocos y como “obrero” la ayuda a las familias ricas catalanas desde un pueblo de Cuenca. Por eso insisten de forma torticera en que el PP solo quiere la investidura de Feijóo y callan el resto, porque defender los acuerdos de Sánchez con los partidos nacionalistas supone comulgar con ruedas de molino. Pero se las tragan, porque no quieren enfrentarse a una nueva campaña electoral en la que Guijarro y Sahuquillo tengan que recorrer la provincia pidiendo el voto mientras alaban las bondades de la amnistía para Puigdemont y defienden la condonación de deuda e inversiones millonarias para las autonomías ricas.
La humillación que arrebata al PSOE su dignidad viene acompañada de pérdida de fe en el imperio de la ley y de desagravios territoriales en beneficio del autócrata narcisista. Porque Sánchez no busca la convivencia, sino que ansía el poder, y para evitar que el tiro al palo del PP sea gol necesita fortalecer una querencia independentista que estaba bajo mínimos. Debe ser muy triste para el socialismo conquense admitir que para gobernar necesitan inflamar al separatismo supremacista.
Mientras tanto, y entre decenas de comunicados urgentes de instituciones y asociaciones que lanzan la voz de alarma ante el peligro para la democracia y la Constitución, la convivencia se gangrena. Pretenden convencernos de que el sacrificio “mejora la convivencia” y, sin embargo, quedó claro después del 1-O que lo que facilitó la paz social fue el legislativo jarro de agua fría que congeló el ardor independentista con rotundidad: la aplicación del artículo 155, la detención de los golpistas y el juicio para depurar responsabilidades. Reconfortaba saber que había un Estado de derecho que aplicaba la ley y que los culpables arriesgaban su dinero y su libertad. Si se despoja al Estado de tales herramientas, ¿qué impedirá el día de mañana la unilateralidad?
El resto preferimos que los viajes a Bruselas de la artillería socialista no sean para humillarse ante el que se fugó en un maletero sino para reivindicar las mejores condiciones económicas y comerciales para nuestros agricultores y ganaderos, que las visitas al Europarlamento no sirvan para imponer relatores internacionales como si este conflicto fuese una guerra entre países sino para defender el único tren que atraviesa nuestra provincia, que la diplomacia socialista no atravesase Europa para firmar la condonación desigual de la deuda autonómica sino para firmar convenios favorables para las regiones despobladas, y que el PSOE no priorizase “promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que se fueron” sino implantar la necesaria seguridad jurídica para potenciar la llegada de empresas a todo el país y, por supuesto, a una provincia necesitada como la nuestra para fortalecer su tejido empresarial y capacidad industrial.
Por eso, este domingo saldremos a la calle, y animamos a todos los ciudadanos a la movilización pacífica y unida para reclamar justicia, convivencia y democracia. Porque ante la deriva moral, jurídica, económica y social que anticipan Sánchez y sus aliados solo queda la defensa del bien común y del Estado de derecho. Por una España de ciudadanos libres e iguales.
