«El exceso de proteccionismo en la Legislación ambiental ha situado en una posición de grave riesgo de incendios a los espacios protegidos de España, debido a la prohibición de ejercer labores de prevención que se han realizado a lo largo de los siglos por parte de agricultores, ganaderos, cazadores, propietarios de fincas y otros agentes del mundo rural», afirman desde una nota de prensa enviada por la Fundación Artemisan.
Y es que «los planes de gestión de espacios naturales protegidos como Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas, Red Natura 2.000, entre otros, impiden realizar labores de prevención de incendios por un exceso de proteccionismo y burocracia que impide, en muchas ocasiones, no solo agilizarlas, sino incluso ejecutarlas».
La Fundación Artemisan subraya que, en España, el 25 % del territorio está declarado Espacio Natural Protegido y que determinadas corrientes de pensamiento han promovido la idea de que la protección absoluta y la ausencia de uso y aprovechamiento de los recursos naturales es la mejor manera de garantizar su conservación.
Una idea que ha ido calando y arraigando no solo en la sociedad, sino también en las Administraciones competentes, encargadas de la toma de decisiones, que ponen en riesgo el presente y el futuro de la conservación del medio natural, especialmente en un momento de alto riesgo por temperaturas extremas y sequía como el actual.
En 2022, un incendio afectó a 400 hectáreas del Parque Nacional de Monfragüe
Prueba de ello fue el incendio que se declaró el año pasado en el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura, que afectó a cerca de 400 hectáreas del propio parque, así como a una veintena de nidos de buitre negro, especie protegida, y calcinó también 2.356 hectáreas de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
La Fundación Artemisan recuerda que la correcta gestión del territorio es vital para evitar este tipo de catástrofes medioambientales, especialmente en zonas de alto valor, lo que pasa por recuperar las actividades tradicionales del medio que han venido, durante siglos, previniendo incendios y evitando el despoblamiento del mundo rural.
Y es que precisamente el abandono del mundo rural y del medio agrícola es un caldo de cultivo perfecto para la generación de grandes incendios, sumado a la prohibición de acciones como la caza, que eran fuente de riqueza en la zona y que ayudaban a conservar y mantener el medioambiente en la zona.
La legislación actual hace que limpiezas, resalveos, podas y quemas controladas, que son imprescindibles para evitar fuegos especialmente en épocas extremas como la actual, sean inviables o, cuando menos, que se alarguen los trámites para llevarlas a cabo, lo que se ha traducido en el abandono de estos espacios.
Para la Fundación, es imprescindible repensar la política que se está llevando a cabo en las zonas protegidas del país y apuesta por adaptar la normativa de los planes de gestión, reduciendo las limitaciones y fomentando inversiones y actuaciones dentro de estos espacios.
Igualmente, pide reducir los periodos de estudio y tiempos de resolución de evaluación ambiental, facilitando a los propietarios de montes privados el desarrollo de acciones de prevención y gestión forestal, autorizando su desarrollo mediante declaraciones responsables de cumplimiento normativo.
