Sergio Gutiérrez – Secretario de Organización PSCM-PSOE
El cierre de España, casi por completo, como único instrumento eficaz para luchar contra una pandemia que, hasta el momento, no tiene ni vacuna ni tratamiento específico está provocando la mayor caída del PIB y de los ingresos públicos en un trimestre de nuestra historia reciente. En palabras del propio Luis de Guindos, exministro de economía con Rajoy, una crisis sin precedentes, una recesión profundísima.
Nos enfrentamos a una nueva crisis cuando todavía no nos habíamos recuperado por completo de los efectos de la anterior durante la cual, gracias a la política de austeridad fiscal y de recortes sociales, se dispararon los índices de desigualdad hasta niveles que no se recordaban desde la entrada de España en la Unión Europea. Según los informes de la OCDE, la diferencia entre las rentas más humildes con respecto a las rentas más boyantes se multiplicaron por siete durante los años de gobierno del Partido Popular. Se diseñó una salida de la crisis que rompió todos los mecanismos tradicionales de redistribución de la economía social de mercado: los salarios -con una devaluación de los mismos superior al 15% según la Comisión Europea-, la fiscalidad -diluyendo el carácter progresivo de la misma- y la política social -a base de recortes-.
Las políticas de recorte del Partido Popular en España y en Castilla-La Mancha obviaron las teorías sobre los efectos multiplicadores fiscales y sus efectos sobre las economías más dependientes del motor público y del consumo interno como es el caso de nuestra región. Según los indicadores de aquel entonces, por cada euro que se recortaba en lo público, la economía de la región perdía 2,5. Es decir, cuanto más se recortaba en los servicios públicos, más se despedía a profesionales sanitarios o educativos; cuanto más colegios o camas hospitalarias se cerraban, no sólo se hacía una región más injusta y desigual, sino que más hondo hacíamos el agujero y más profunda la crisis.
Durante los años de gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha no se ayudó a nadie y se recortó todo. Terminaron por destruir una región referente en lo social y nos la cambiaron por una región destrozada y rota en la cohesión social y en la territorial, entre lo urbano y lo rural.
Ahora, afrontamos una nueva crisis con un golpe inicial duro que prevé unas caídas cercanas al 10 % del PIB y es la hora de demostrar que existe un libro de recetas diferente con el que se puede salir más rápido pero, sobre todo, con el que podemos salir de manera más justa si el conjunto de las Administraciones Públicas ponen de su parte en un objetivo común.
Así, el Gobierno de España, por ejemplo, ha aplicado los Expedientes de Suspensión Temporal del empleo (ERTES) en vez de facilitar los despidos gratuitos. Es decir, apostó por ayudar a las empresas en reducir sus costes salariales sin que eso conllevara el despido definitivo de sus trabajadores. Se ha suspendido el abono de las cotizaciones sociales aliviando la carga de millones de autónomos y procedido, por primera vez, a una ayuda por cese de actividad que está posibilitando la vuelta a la actividad y no su quiebra.
Además, el Gobierno de Emiliano García-Page ha aprobado una ayuda de entre 1.500 y 3.000 euros para los autónomos de nuestra región que le convierte en la administración que más ayuda a los trabajadores por cuenta propia de toda España -una ayuda tres veces superior a la que ofrecen en la Comunidad de Madrid, por ejemplo-.
Creo que uno de los datos que no podemos olvidar, por lo que define moralmente a un proyecto político, son los datos de pobreza, especialmente, los datos de pobreza infantil. Durante los años de gobierno de Rajoy y Cospedal, según la agencia europea Eurostat, las personas en riesgo de exclusión social se multiplicaron hasta superar el 20 % de la población. En muchos núcleos urbanos se volvió a ver a personas rebuscando en la basura.
Frente a ello no se hizo nada. Se suprimieron los planes sociales de empleo, se cerraron comedores escolares, se suprimieron las ayudas de emergencia, se redujo la prestación por desempleo en cuantía y duración, se eliminaron becas, se multiplicaron las tasas universitarias…se asfixió a las personas en el momento que más necesitaban de sus gobiernos.
Ahora, tenemos gobiernos con alma cuyo objetivo es rescatar personas, no dejarlas caer por el barranco de la exclusión del que tan difícil es volver a salir. De ahí, que se hayan reforzado todas las medidas de emergencia que funcionan como red de seguridad. En Castilla-La Mancha creando ayudas sociales excepcionales, apoyando el pago de alquiler a las familias afectadas, promoviendo moratorias en las hipotecas en vez de desahucios, manteniendo el comedor escolar a distancia, facilitando dispositivos electrónicos y tarjetas de datos a alumnos en la brecha digital, suspendiendo el pago de impuestos autonómicos, anunciando ayudas al estudio excepcionales para los afectos por COVID, creando incentivos para el empleo en el campo o doblando las ayudas a sectores ganaderos como el caprino. Toda una enmienda a la totalidad a la gestión de la crisis del 2011.
Pero, sin duda, la medida más potente contra la exclusión aplaudida tanto por el FMI como por la Unión Europea es el Ingreso Mínimo Vital que se configura como una nueva y última red de seguridad que nos protege al conjunto de la sociedad ante la adversidad. Una nueva prestación para ofrecer a las familias vulnerables el derecho a una segunda oportunidad. Sin duda, es una medida que eleva el nivel de dignidad de un país y de la política pero también, frente a los agoreros, es una medida económica eficiente.
Los índices de retorno del Ingreso Mínimo al conjunto de las administraciones son altísimos porque, como demuestran todos los estudios económicos, las transferencias de renta a las familias con ingresos más bajos se transforman inmediatamente al consumo (en este caso, de las necesidades más básicas) moviendo así la economía y protegiendo a las personas. Es decir, son 3.000 millones (cualquier rebaja impositiva conlleva más esfuerzos fiscales) que se inyectarán a la economía prácticamente en su totalidad evitando la pobreza, especialmente, la pobreza infantil.
Y, por último, el Estado del Bienestar. El Partido Popular de Castilla-La Mancha afirmó -en el Gobierno- que solo podíamos tener la sanidad o la educación que se pudiera pagar, obviando que las políticas sociales no deben buscar la rentabilidad económica directa sino promover la igualdad de acceso del conjunto de los ciudadanos a sus derechos básicos vivan donde vivan, ganen lo que ganen. ¿A que nunca hemos visto una clínica privada en un municipio menor de 10.000 habitantes? El volumen de negocio no es rentable, pero hay 800 municipios en Castilla-La Mancha por debajo de esa ratio.
Con la excusa de la anterior crisis, Cospedal paralizó cinco hospitales públicos -una millonada en indemnizaciones ha costado-, empezó la privatización de otros cinco, quiso dejar a 120.000 personas sin urgencias médicas, finiquitó casi setenta colegios y despidió a miles de trabajadores de la educación y de la sanidad. Impuso la política del recorte, la asfixia y la desigualdad. Y nos hundió económicamente aún más.
Con Page y el PSOE, frente a una nueva crisis existe un libro de instrucciones diferente. Nos hemos comprometido en nuestros pactos con los agentes sociales y con Ciudadanos a incrementar los esfuerzos en la sanidad pública invirtiendo más de 600 millones en los nuevos hospitales y centros de salud en lo que queda de legislatura; a contratar miles de nuevos profesionales con las ofertas públicas de empleo ya convocadas y anunciadas en sanidad o educación; a apostar por los servicios sociales, y a continuar con los planes de empleo, especialmente, los dirigidos a mayores de 52 años y parados de larga duración.
En definitiva, estamos decididos a demostrar que haciendo lo contrario que el Partido Popular, evitaremos diez años más de crisis, que saldremos más rápido y saldremos ayudando a todos. Que Page y el PSOE transitarán una nueva crisis rescatando a las personas y no abandonándolas a su suerte.
Escrito queda.
