El Gobierno de Castilla-La Mancha afirma que advirtió a la ministra de Igualad del Gobierno de España, Irene Montero, sobre «las dudas» que le generaba la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’ en relación a la rebaja de penas en los delitos cometidos por agresión sexual.
La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha ratificado de este modo las declaraciones realizadas esta mañana por el presidente del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, sobre la polémica generada en torno a esta ley que “está sirviendo para que se rebajen las penas de algunos agresores sexuales y violadores”.
La consejera ha afirmado con rotundidad que “desde el Gobierno de Castilla-La Mancha pensamos que esto no se puede consentir. Hay que reflexionar y reaccionar inmediatamente para que no ocurra, porque si ha quedado alguna puerta abierta hay que cerrarla con carácter inmediato porque lo que no se puede es revictimizar a las víctimas”.
Blanca Fernández ha explicado que el Ejecutivo autonómico no comparte las declaraciones de la ministra contra la judicatura: “no son razonables. Si no hubiera una puerta abierta en la ley, sería imposible abrirla ¿porque no se está acusando a los jueces de cometer ninguna ilegalidad? ¿no? Por tanto, están aplicando la norma”.
En términos generales, la consejera ha dicho que se trata de una “buena norma, pero si se equivoca en esto hay que corregirla”. Por ello, la titular de Igualdad ha pedido dejar las “diatribas políticas” y recordar que detrás hay muchas mujeres que está siendo revictimizadas.
Alegaciones de Castilla-La Mancha a la ley
Blanca Fernández ha recordado que, el 25 de julio de 2020, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha envió una serie de alegaciones al primer borrador de la ley para mejorar el texto; en estas alegaciones se expresaban precisamente la dudas que generaba el texto en relación a la rebaja de las penas en algunos delitos por agresión sexual.
En noviembre de 2021 en una reunión con la ministra, la misma consejera se lo expresó en persona “y además le expresé especialmente la preocupación en cuanto a la revisión de penas de condenados ya firmes”. En definitiva, ha dicho Blanca Fernández “el Ministerio estaba avisado. El Instituto de la mujer de Castilla-La Mancha hizo un análisis riguroso de ese primer borrador, expresamos en 2020 nuestras dudas y luego personalmente lo hice yo a la ministra”.
No era un efecto deseado por la ministra
En cualquier caso, ha concluido la consejera, “como lo que está pasando no era el deseo de nadie, tampoco de la ministra de Igualdad, lo que hay que hacer es reaccionar y con humildad solucionar el problema, que no es un problema político sino para las víctimas” y ha abogado por dejar atrás las polémicas y solucionar los problemas “que para eso estamos los gobiernos, es lo que sinceramente lo que pensamos en el Gobierno de Castilla-La Mancha”.
