El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reiterado este viernes su rechazo a la derogación del delito de sedición anunciada por el Gobierno central y ha aseverado que “este debate no toca, porque lo que me gustaría es que se cumpliera el primer objetivo de todos, que Puigdemont viniera a España” para someterse a la justicia “como hicieron los demás”.
Así lo ha señalado en una comparecencia, en Ciudad Real, ante los medios de comunicación, tras la presentación del proyecto de rehabilitación del antiguo Palacete de Cruz Roja, que se convertirá en el centro de atención integral para víctimas de agresión sexual de esta provincia.
“No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido”, ha asegurado el presidente regional, al tiempo que ha insistido en que lo prioritario es que regrese el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, para ser juzgado “y luego hablamos de cómo tipificar futuras intentonas”.
Para García-Page, lo más importante es “si los ciudadanos creen que es lo que parece, o si es lo que parece, que creo que es lo que va a opinar la mayoría de los españoles, que es lo que parece”. El presidente castellanomanchego ha sido categórico al asegurar que no comparte el planteamiento dado a conocer en el día de ayer, “lo que no significa que no busquemos entre todos la mayor convivencia en Cataluña y de la parte más independentista con el resto de España”.
En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que “el objetivo es conseguir la convivencia, pero el camino de dejarles las soluciones a los que tienen como propósito romper la convivencia no es el camino correcto”, ha advertido. Asimismo, y tras catalogar de “muy grave” lo que pasó en Cataluña en 2017, ha valorado que el debate “no puede ser sereno” si se produce “interfiriendo claramente en los procesos en marcha, como los procesos de apelación ante los tribunales europeos”.
García-Page ha manifestado entender “la buena voluntad” del Gobierno de España con esta iniciativa, pero se ha mostrado partidario de que los acuerdos se alcancen entre los partidos que defienden el texto constitucional, “porque si ese papel lo hacen los que quieren acabar con la Constitución, es harto difícil y nunca será un debate sereno ni objetivo”, ha garantizado.
Mecanismos de defensa para quien quiera alterar el orden constitucional
En este mismo contexto, García-Page ha valorado que “todo sistema democrático tiene la obligación de tener mecanismos de defensa para quien quiera alterar el orden constitucional, es algo elemental”, y ha advertido de la necesidad de que en España quede “muy claro” que quien quiera volver a intentar un proceso de estas características “debe entender que las consecuencias no son solo políticas, sino penales”.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha defendido que “en términos de homologaciones legales, hay muchas cosas que se pueden discutir, pero lo que no es homologable es la actitud de los independentistas”, al tiempo que ha asegurado que “en Europa no van a encontrar un caso parecido” a lo que hicieron los independentistas de Cataluña.
“La solución del conflicto que plantean los independentistas catalanes ni será rápida, ni milagrosa; requiere de muchos esfuerzos, pero todos pasan por el cumplimiento de la ley, y es de sentido común que si algunos han entrado en la cárcel con una ley, con una vara, todos los cabecillas deben ser medidos por la misma vara”, ha añadido en alusión a Puigdemont, “que se quiere convertir en juez y parte, decidir él mismo qué tipo de delito pueden cometer y qué pena tendría”, ha apostillado.
