El pasado miércoles se cumplió un año desde que el Tribunal Constitucional sentenciara el final del cálculo que se empleaba para el impuesto de las plusvalías. Se ponía punto a una larga batalla judicial que había comenzado una década antes, cuando Antonio Escribano, ingeniero jefe de la Diputación de Cuenca, detectó un error que beneficiaba a las administraciones locales, pues gravaban a los ciudadanos por encima de lo que matemáticamente deberían.
Un punto que a priori parece que será aparte y no final, pues tal y como declara Escribano a Voces de Cuenca tras estudiar las últimas escalas de coeficientes que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, “siguen mal calculadas y darán pie a que haya nuevos contribuyentes que puedan acudir a los tribunales”.
La plusvalía municipal es el nombre popular del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), que grava la revalorización del terreno en el que se asienta un inmueble. Se ha de satisfacer en el momento en el que se efectúa una transmisión de un inmueble por venta, donación o herencia y tienen que ser los vendedores, donatarios o herederos quien hagan frente.
Esta nueva tabla de coeficientes oscila entre 0,45 si fue adquirido hace 20 años o más y 0,09 como tipo mínimo si fue comprada hace 11, 12, 13 o 14 años. “La tabla del gobierno se tiene que adaptar a la realidad social de lo que ha ocurrido, porque lo que tendría que reflejar es lo que ha pasado en el país, y los porcentajes que han puesto no se corresponden”, critica Escribano. De esta forma, indica que «por ejemplo el 0,45 a 20 años significa que aumentó su valor un 81%, mientras que el coeficiente a 19 años es del 0,29, un 40% de revalorización, una diferencia muy grande en tan solo un año y que no tiene ningún sentido».
En este punto, recalca que “hay unas tablas en el Instituto Nacional de Estadística donde se puede consultar con detalle cuál ha sido la evolución de precios de la vivienda en España. Habría que utilizarlas para afinar bien qué cifras poner, el problema es que a lo mejor no saldría el 0,45 que gravan finalmente”. Sobre ellas, indica que «hay algunos años que sube y otros que baja pero són más o menos aceptables, excepto en los últimos cuatro coeficientes, a partir de 16 años desde la compra de la vivienda».
No en todos los sitios las viviendas se han revalorizado igual
Este impuesto de plusvalías porcentualmente gravaba más los lugares donde menos se había incrementado el valor de las viviendas, porque tal y como Escribano cita como ejemplo, “si hace 50 años te hubieras comprado dos pisos, uno en Cuenca y otro en Madrid, uno se habría revalorizado mucho más que el otro y eso no se contempla en los tipos a aplicar”. Sí que es verdad que la norma permite a los ayuntamientos aplicar bajas correctivas de un 15% en los valores catastrales, si bien incluso con estas el resultado puede estar alejado de la realidad.
Otro de los problemas con lo que se ha encontrado es con que la inflación hace que los cálculos no sean reales. “Por ejemplo, compraste una casa en la década de los 70 por tres millones de pesetas (aproximadamente 18.000 euros actuales) y la vendes a día de hoy por 200.000 euros, la plusvalía que te van a hacer pagar es sobre la diferencia, 182.000 euros, cuando está claro que está desvirtuada por el efecto de la inflación”, lamenta. Para solucionar este defecto, plantea utilizar los euros constantes que se usan en economía para analizar entre distintos periodos de tiempo y que minimizan efectos como el de la inflación.
Escribano reconoce que es “complicado” que es que alguien lo releve en seguir criticando este modelo “porque es relativamente difícil de entender”. Eso sí, “celebra” que se siga opinando sobre este asunto y permanezca en el foco del debate.
Este impuesto “hasta la burbuja inmobiliaria no tuvo importancia, era prácticamente irrelevante, y pasó a ser una de las principales herramientas de financiación de las entidades locales”. Tanto es así que una vez publicada la sentencia del Tribunal Constitucional, el Ministerio de Hacienda tuvo que diseñar un nuevo modelo para que el tributo pudiera seguir funcionando.
Un hecho imponible «más o menos ficticio»
“Si un impuesto grava un hecho imponible más o menos ficticio deja de tener la misión equilibradora que debe tener, porque lo importante no es recaudar dinero sino hacerlo donde ha de hacerse. De lo contrario, es malo para el país. Tiene que haber un hecho imponible, que en este caso es que alguien haya ganado dinero. Y si no lo hay, se está haciendo mal”, sentencia Antonio Escribano.
Así, el Gobierno permite ahora dos posibles métodos para calcular cuánto hay que pagar por las plusvalías. Anteriormente se aplicaban unos porcentajes que dependían de los años que habían pasado desde la compra hasta la venta, que se han sustituido por la tabla de coeficientes máximos que se actualizan con cada Presupuesto General del Estado. Además, se dejan de gravar los casos en los que no haya plusvalía y se pueda demostrar mediante el cálculo del cambio entre los valores de transmisión y adquisición, en lugar de que sea un cálculo sobre el cambio de valor catastral.
Escribano recuerda cómo se dio cuenta, por el año 2009, que los cálculos para pagar las plusvalías no cuadraban: “Recibí una herencia de una vivienda y me di cuenta de que no es lo mismo calcular el porcentaje sobre el precio del inmueble el año de origen que sobre el precio al final. Por ejemplo, si tienes una casa que vale 100 y cuando la compraste valía 40, has ganado 60 en la operación. Es un 60% del precio actual, pero un 150% si lo que se mide es el precio respecto al inicio”.
En aquel momento recuerda cómo empezó a mover su idea entre amigos y familiares “y en esa empresa también trabajó un inspector de Hacienda, Carlos Tobías, al que le tengo que agradecer públicamente su apoyo” para enfrentarse al sistema. Además, señala cómo detectó otros defectos de la normativa “como el comparar valores que no tenían nada que ver unos con otros como la diferencia entre pesetas del año en curso y las actuales, y que no han sido corregidos con la nueva ley”. “Bastante terrible es tener inflación como para que además te la graven”, lamenta.
Escribano fue ganando la batalla judicial en todas las instancias, pero lejos de ser un paseo, más bien fue “un calvario”, por lo “largo” que fue el procedimiento y la disparidad de criterios entre los diferentes jueces que luego han tenido que aplicar la jurisprudencia.
