Cuando en el mes de agosto de 1982 se aprobaba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha todo estaba por construir. Había que construir una Región a partir de la nada. Nosotros no reivindicábamos ni historia, ni lengua, ni cultura diferente para constituirnos en Comunidad Autónoma, porque somos conscientes de que siempre hemos contribuido a conformar lo mejor de España, del ser español.
Nuestra Región se legitimaba prestando a sus ciudadanos mejores y más cercanos servicios – sanitarios, educativos o sociales – más y mejores infraestructuras. Tierras y gentes, las de Castilla – La Mancha que necesitaban avanzar y tener los instrumentos para procurar el cambio que nuestra sociedad experimentaría en las décadas venideras y convertirse en una sociedad moderna y avanzada.
Tras casi cuarenta años de Estatuto de Autonomía – en los que se produjeron diversas reformas para ampliar nuestras competencias y la capacidad de autogobierno – estamos convencidos de que hemos de tener una norma nueva, adecuada a un tiempo diferente, cuyo trabajo iniciamos esta semana.
El nuevo Estatuto de Autonomía ha de plantearse sobre los nuevos paradigmas del Siglo XXI que se corresponden con una sociedad cambiante, vinculada al blindaje de los derechos de ciudadanía ya consolidados – sanidad pública, universal y gratuita ; educación pública de calidad; prestaciones sociales para mayores y apoyo sustancial a las personas con discapacidad – , pero también con los nuevos derechos surgidos al amparo de la revolución digital y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
Entre estos nuevos retos se encuentran:
– Las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, orientadas a la supresión de las barreras aún existentes, y acabar con la lacra de la violencia de género.
– Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que están convulsionando y revolucionando las sociedades, y que supone mayor conectividad, mayor interacción, mayor información.
– El impulso decidido a la Innovación, Desarrollo e investigación (I+D+i), fuente de desarrollo económico y social y creación de empleo de calidad.
– El cambio del modelo energético, para el que nuestra región se encuentra en una situación privilegiada en el aprovechamiento de los recursos naturales, y asumir como una realidad futura la nueva movilidad.
– Dar vida y oportunidades a las zonas despobladas. Debemos convertirlo en oportunidad aprovechando lo positivo y creativo que nos ofrecen las nuevas tecnologías o el modelo energético alternativo en los núcleos rurales.
– Lucha contra el cambio climático y por la preservación del medio ambiente, conservando nuestros espacios naturales, mejorando la calidad del aire en las ciudades y pueblos, e incorporando fuentes de energía alternativas a nuestra vida cotidiana; fomentando y apostando por un modelo de Economía circular, donde además prime el reciclaje.
– El Agua, como un patrimonio a defender, preservando los cauces y cursos de los ríos, un recurso esencial para progresar, optimizando los aprovechamientos agrícolas y propiciando nuestro desarrollo económico.
– Afrontar nuevos problemas sociales como la natalidad, el envejecimiento de la población o la responsabilidad social contra la soledad no deseada.
Y, en general, los contemplados en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que afrontan cambios necesarios en el modelo económico.
Pero el nuevo Estatuto también debe afianzar la confianza ciudadana en la fortaleza de nuestras instituciones, a través de la transparencia en las políticas públicas, la participación ciudadana y la intransigencia contra la corrupción, con la eliminación de los aforamientos.
Es obvio que el nuevo texto cumplirá sus objetivos si hacemos de él un instrumento para cambiar la vida de las personas, para garantizar su libertad y su seguridad frente a la adversidad, para profundizar en los valores humanistas de la democracia, el pluralismo, el diálogo, la tolerancia y el respeto.Pero para hacerlo posible es imprescindible que sea un texto consensuado con el conjunto de la sociedad civil, con las fuerzas políticas y con las organizaciones económicas y sociales, contemplado en un marco y modelo de financiación que, ante todo, haga iguales en derechos y oportunidades a todos los españoles en aplicación de los artículos 1 y 14 de la Constitución, más allá del lugar de nacimiento, el sexo, la raza, la religión o las diferencias sociales.
