El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico asevera en nota de prensa que ha ejecutado el 90% de los 202,5 millones de euros presupuestados en 2021 para el bono social térmico, después de que se duplicase la partida original el pasado mes de octubre. Únicamente falta por ejecutarse la cantidad correspondiente a la Comunidad Autónoma de Valencia, y la de Castilla-La Mancha ha recibido de estos fondos cerca de 19 millones de euros.
El ministerio hizo una primera resolución sobre el abono a los gobiernos regionales del bono social térmico el pasado 1 de diciembre, cuyas propuestas de pago se comunicaron al Tesoro el día 2 de diciembre. Los pagos se realizaron el 17 de diciembre y once comunidades autónomas también han recibido los fondos para cubrir la gestión de las transferencias finales a los beneficiarios. La ejecución de las citadas cantidades pendientes está prevista para la primera semana de enero.
Los consumidores vulnerables perceptores del bono social eléctrico también reciben el bono social térmico, una ayuda directa que inicialmente se fijó entre 25 a 124 euros en función de la zona climática en la que vivan para cubrir los costes de la calefacción, la cocina y el agua caliente sanitaria. Los fondos provienen de los Presupuestos Generales del Estado y se transfieren a las comunidades autónomas para que lo distribuyan entre los beneficiarios.
«Para hacer frente a la escalada de precios de la energía, el Real Decreto-Ley 23/2021, aprobado el pasado mes de octubre, incrementó la cantidad mínima a cobrar por parte de estos consumidores a 35 euros –equivalente al precio de dos bombonas de butano– y duplicó el presupuesto asignado a tal efecto durante este 2021 con 100 millones adicionales, alcanzando los 202,5 millones», recuerda el ministerio.
El bono térmico «se traduce en una concesión directa de una ayuda que será mayor para aquellos beneficiarios que residan en zonas con condiciones climáticas más frías y por tanto, con mayores necesidades térmicas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada, con el citado mínimo de 35 euros y un máximo que podría llegar a más de 350 euros. Atendiendo al número de beneficiarios, la cantidad media es de 90 euros por consumidor vulnerable beneficiario. Finalmente cabe recordar que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán reforzar las cuantías transferidas por el MITECO».
