18/05/2018
Cuenca

Las calles de Cuenca, altavoz en favor de los derechos del colectivo LGTBI y el respeto a la diversidad

La directora del Instituto de la Mujer reclama que "ladiversidad sexual y la identidad de género en una cuestión de derechos humanos"  y Comando Violeta exige el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con la aportación prometida de 200 millones de euros

Alrededor de 200 personas han secundado este jueves la marcha convocada por  el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la asociación Familias Trans*Formando con motivo del Día Contra la LGTBIfobia. La directora provincial de la Mujer, Gracia Canales, y el presidente de Familias Trans*Formando, José María Izquierdo, han encabezado la marcha, que ha partido de la Plaza de España y ha recorrido por calles Cardenal Gil de Albornoz y Sánchez Vera para llegar a la Glorieta González Palencia, donde se ha leído un manifiesto en favor de la diversidad y en contra de la discriminación y los perjuicios que aún hoy padece el colectivos de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.

La agrupación Sambas Colgadas ha colaborado en esta iniciativa amenizando el desfile con sus ritmos, lo que unido a la banderas arcoíris, han convertido este acto en toda la fiesta a la que se han ido sumando la ciudadanía hasta sumar alrededor de 200 participantes.

Tras la lectura del manifiesto se ha celebrado en el salón de actos de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte una mesa redonda en la que han participado la escritora Soco Cordente, Elena López, representante de la asociaciones Familias Trans*Formando; José Luis Campillo, vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo; y Chabeli Gallego, secretaria de Organización de Juventudes Socialistas de Cuenca.

Normalización

La directora del Instituto de la Mujer en Cuenca ha incidido en la necesidad de visibilizar al colectivo LGTBI para avanzar hacia la normalización  y la despatologización a estas personas, rompiendo los estereotipos que, pese a los avances que se han producido en los últimos años, aún padecen.  Canales ha afirmado que las sociedades modernas "deben distinguirse por la defensa y el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía y en este proceso hay que convertir la diversidad sexual y la identidad de género en una cuestión de derechos humanos".

En este punto, ha destacado el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con la igualdad de todas las personas, también de las personas LGTBI; y ha enumerado algunos de los avances que se han producido en esta legislatura, como la aprobación del primer protocolo integral de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de género en Castilla-La Mancha, la creación en el Hospital de Cuenca de una Unidad Multidisciplinar de Atención a las Personas Transexuales que es un referente en la región; la convocatoria por primera vez de ayudas para el desarrollo de proyectos que promuevan los derechos del colectivo LGTBI o la aprobación de la garantía de acceso a técnicas de reproducción asistida a todas la mujeres. 

Demanda de compromiso real

Por su parte, Comando Violeta organizó una concentración exigir el cumplimiento presupuestario del Pacto de Estado contra la violencia de género cifrado en 200 millones de euros. Este colectivo considera que "sin los 200 'millones de euros anuales prometidos (el 0,04% del Presupuesto del Estado) por la ministra de 'igualdad' Dolors Montserrat no se puede cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esos 200 millones, que, aun siendo insuficientes, servirían para responder a parte de las 213 medidas del Pacto".

Por otro lado, señalan que "tras una movilización feminista histórica este 8 de marzo, el Gobierno se puso el lazo morado para terminar finalmente anunciando una reducción brutal de 120 millones. Por lo que en el mejor de los casos alcanzaríamos 80 para todo el territorio español. Los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años, no generan la alarma social suficiente para que el PP cumpla su promesa de mínimos, y deja a las Comunidades Autónomas sin los 100 millones prometidos para prevención educativa y sanitaria y a los 8.000 ayuntamientos sin los 20 millones acordados para mejorar la atención jurídica, psicológica y social de proximidad. No es que no haya dinero, es que sus prioridades son otras: el aumento del presupuesto de Defensa en 819 millones (el 10,7% respecto al año pasado) o seguir financiando rescates de bancos y autopistas. Es decir, la dignidad de las vidas del 51% de la población, no es una prioridad para ellos. Pero nosotras no vamos a permitir que nuestros derechos queden en papel mojado".

 

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