13/02/2019
Castilla-La Mancha

La Junta no llevará la Ley de Garantías a las Cortes "hasta que Llorente no cese la pinza con el PP"

La Ley de Garantías Ciudadanas promovida por Podemos ha recibido el visto bueno en el Consejo de Gobierno pero el Ejecutivo no la llevará a las Cortes "hasta que el diputado de la formación morada David Llorente no cese en su estrategia de pinza con el PP"

El Gobierno Regional no va a remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas "hasta que el diputado de Podemos David Llorente no cese en su estrategia de pinza con el PP". Lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, en una rueda de prensa otorgada minutos después de que el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, y la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ambos de Podemos, anunciaran que esta había sido aprobada en Consejo de Gobierno. 

Según ha declarado Hernando, no pueden permitir "que el desarrollo legislativo y el correcto funcionamiento de las Cortes se vea sometido al capricho de una sola persona". Así, y aunque ha reconocido la labor llevada acabo por García Molina y Herranz, ha señalado que no la presentarán a las Cortes porque prefieren "no jugársela". Además, ha añadido que han tomado esta misma decisión "para toda la agenda legislativa que queda pendiente" hasta que Llorente no cambie su actitud.

Presentada la Ley de Garantías Ciudadanas a la prensa 

Minutos antes, García Molina y Herranz comparecían en rueda de prensa  para informar de que el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, "lo que significa que ya está listo para su remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha".

Con esta Ley, ha afirmado García Molina, "se asegura el derecho a una vida digna de la ciudadanía de Castilla-La Mancha y nadie, ha aseverado el vicepresidente segundo, nadie, nunca más, se quedará atrás en nuestra tierra".

"Es, por tanto, un motivo para celebrar, por lo que ha afirmado que no entendería que alguien pudiera votar en contra de ella en el parlamento autonómico. No me cabe en la cabeza que alguien pueda votar en contra de ella, pero si lo hiciese va a tener que explicárselo a las 100.000 familias beneficiarias. Va a tener que explicar por qué les niega un derecho esencial y por qué les priva de una renta que para algunas personas es esencial para vivir. Y explicar eso", ha concluido, "a no ser que se tenga muy poca ética, es sencillamente imposible".

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