19/03/2018

La Junta deberá resarcir a un veterinario apartado tras denunciar problemas en el matadero de Incarlopsa

Tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que considera que el expediente que le abrieron demuestra "complacencia y claudicación" de la Administración regional frente a la cárnica

Instalaciones de Incarlopsa en Tarancón

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha aceptado la apelación presentado, a través del cauce especial de protección de los derechos fundamentales, por un veterinario de la Consejería de Sanidad contra una sentencia que desestimaba su recurso a la expediente disciplinario que incoaron contra él tras una denuncia por parte de Incarlopsa, que pidió que se le apartase de su puesto de trabajo en Tarancón.

El caso tiene su origen en una discrepancia sobre una cuestión técnica como es la del correcto  aturdimiento de los animales antes de ser sacrificados, "que de debe ser resuelta a nivel técnico y  desde luego no incoando expediente disciplinario a los funcionarios que insisten en su  apreciación levantando acta de lo que observan", apunta la sentencia a la que ha tenido acceso Vocesdecuenca.es.

Este tribunal le da la razón al demandado porque, en primer lugar, considera que se adoptó como medida cautelar el traslado del veterinario sin que antes se le diera trámite de audiencia, lo que a su juicio supone una vulneración del artículo 24 de la Constitución Española porque "no había motivo alguno que impidiera dicha audiencia o comprometiese el éxito de la medida o del expediente, ni concurría la urgencia que justificaría prescindir de la misma".

Considera también este tribunal que se adoptó una medida desproporcionada en ausencia de cualquier indicio o apariencia de infracción. El tribunal cree que "la Administración ha utilizado la vía del expediente disciplinario para dar respuesta a una situación que de de ningún modo podía ni debía ser tratada por esta vía.

El demandante y otro veterinario que también fue expedientado, junto con otra compañera que luego cambió de destino, habían sido los que en su día levantaron la voz de alerta sobre  un problema de bienestar animal en el matadero, lo cual motivó la realización de una  auditoría sobre tal aspecto en 2014, que a su vez   "puso de manifiesto graves deficiencias estructurales obligando a la adopción de medidas  correctoras", recuerda la sentencia.
La empresa se quejó de que los veterinarios seguían levantando actas a pesar de esas medidas correctoras, lo que llevó a la petición de traslado que la Administración "se apresura a satisfacer por vía cautelar".
"Resulta completamente inaceptable que lo que puede ser un mayor rigor  o diferencia de la apreciación de ciertos aspectos relativos al bienestar animal se pretenda  solventar por la vía de un expediente disciplinario solo porque la sociedad controlada se  queja de los funcionarios más rigurosos. Resulta completamente inexplicable la disposición de la Administración a ceder a la petición de INCARPLOSA de esta forma", dice textualmente la sentencia.

A este tribunal le produce "perplejidad" el informe favorable al expediente sancionador elaborado por el secretario de la Delegación Provincial de Sanidad, mientras que subraya el emitido por la jefa de Servicio de  Salud Pública el 13 de junio de 2016, muy pocos días antes de la incoación, en el que "afirma  que hay problemas en el matadero, y que hay una discrepancia de criterio o rigor de dos  veterinarios respecto al resto, pero que esto no es motivo para abrir un expediente disciplinario.

El tribunal concluye que "resulta evidente que  la materia no era apta ni propia para un expediente" y que "el hecho de que lo primero que se hiciera en que se abrió fuera apartar de  su puesto de trabajo a los dos funcionarios, con el único elemento para justificar tal cosa que  las simples quejas de un administrado con evidente interés en el asunto, entra ya de lleno en  el ámbito de la manifiesta arbitrariedad y demuestra una complacencia y claudicación frente  a los deseos de un administrado, que supuestamente debe sujetarse al control de la  Administración".

La sentencia condena a la Junta de Comunidades a reponer al demandante a su puesto de trabajo, con resarcimiento de cuantos daños y perjuicios se le hayan causado e impone las costas del demandante al Gobierno regional y a Incarlopsa. Contra esta sentencia cabe recurso de reposición ante el Tribunal Supremo.El sindicato Comisiones Obreras ha pedido "ell cese inmediato y fulminante" del director general de Salud Pública, Manuel Tordera, que abrió el expediente y al que ya advirtió en 2016 de la injusticia de la situación, con la que se quiso "complacer" a la cárnica taranconera".

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