19/01/2018

El juez instructor del ‘caso bombillas’ de El Provencio exonera de prevaricación a la exalcaldesa Galiano

Sí ve un presunto delito de falsedad documental en los otros dos firmantes de la certificación de obra que no se ejecutó. Para uno de ellos el delito ya ha prescrito y para el otro, el arquitecto, pide de tres a seis años de prisión. El PP, que puso el caso en manos de la Fiscalía, ha presentado recurso

Bombillas

El juez instructor del ‘caso bombillas' de El Provencio ha exonerado a la exalcaldesa socialista y senadora Manoli Galiano de su responsabilidad en el 'caso bombillas', relativo a un contrato para cambiar 511 lámparas en el municipio que nunca se ejecutó pero que sí se certifcó. Así consta en las diligencias previas, a las que Vocesdecuenca.es ha tenido acceso y en las que el juez instructor sí ve indicios de delito de falsedad documental en los otros dos firmantes de la certificación la obra que no ejecutada. Así, para el contratista el delito ya ha prescrito; pero para el arquitecto no, por lo que le imputa un delito de falsedad documental. El PP, que fue el que desveló este caso y lo puso en manos de la Fiscalía, ha presentado recurso.

Gustavo Andrés Martín, magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número de San Clemente que ha elaborado el texto, se muestra tajante respecto a la falsedad del documento en cuestión. Y es que destaca que "las obras de mejora y eficiencia energética del alumbrado público de El Provencio no se llevaron a cabo a pesar de que aparece una certificación final de obra de la ejecución".

Esta certificación única final de obra está datada el 30 de junio de 2010 y según el juez instructor "es falsa, así como falsa es también la relación valorada que la acompaña relativa a ciertas unidades de obra que nunca fueron ejecutadas de forma que nunca debió certificarse su ejecución". En esta certificación falsa figuran tres firmas: la de la que por entonces era la alcaldesa del municipio, Manoli Galiano; la del arquitecto Diego Torrente y la del contratista Antonio González, este último por parte de la empresa Álvaro Villaescusa, S.A.

Asimismo, en sus diligencias previas, el magistrado-juez también constata que "en el tiempo que se teóricamente se habían llevado a cabo las obras de renovación, la empresa Álvaro Villaescusa S.A. había estado ejecutando obras en la citada localidad como contratista por cuenta de la Administración para la renovación de la zona conocida como Avenida Río Molino".

El sobreseimiento a Manoli Galiano

El magistrado explica en sus diligencias previas, que tienen una extensión total de 25 folios, el motivo por el que acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a Manoli Galiano. Tras un "detallado análisis" de las firmas, deduce "que el documento tiene dos partes diferenciadas introducidas en dos momentos diferentes". Así, indica que por un lado está la redacción del documento falso, donde se encuentra el ilícito y donde identifica las firmas de Torrente y González; y por el otro la aprobación de la certificación, donde reseña la rúbrica de Galiano. Ahondando en el tema, el magistrado instructor indica que hay una "diferente alineación" de la firma de Galiano en el documento respecto a las otras dos.

Además, subraya en las diligencias previas que "la participación del Manuela Galiano no tiene relación con la emisión de la certificación única, sino con la aprobación de la misma". Esta advertencia es, a juicio del instructor, "esencial para la prosperabilidad de cualquier tentativa de imputación de infracción penal relativa a la falsificación documental a Manuela Galiano".

"Parece que, en el presente caso, el órgano de contratación fue la alcaldesa. Y la alcaldesa procedió a la aprobación de la certificación final de obra. Ahora bien, el acto de aprobación de la certificación final de obra no debe ser confundido con la emisión falsa de la certificación final de obra de la que responde exclusivamente el arquitecto director, único competente para la emisión de la misma", recalca el instructor.

De esta forma, según el magistrado instructor del caso la certificación final se encontraba completa en todos sus extremos "desde que el arquitecto director la firma sin que sea precisa firma alguna a mayores para la validez de la misma. Por tanto, la alcaldesa no incurrió en falsedad documental alguna ni participó en la misma. Su firma se introduce con posterioridad a la del arquitecto director y a la del contratista y la misma no interviene en la emisión de la certificación sino en la aprobación de la misma".

Un "expediente pantalla" para cobrar una subvención

Dicho esto, el magistrado Martín aborda el hecho de que "todo parece indicar que el Ayuntamiento y, probablemente la alcaldesa, conocía el hecho de que no exista obra alguna relativa a la mejora de alumbrado público en El Provencio y que todo obedecía a un expediente pantalla realizado con el fin de cobrar una subvención cuya ejecución material nadie verificaba".

Reconoce el instructor que esta aprobación "podría ser relevante desde el punto del delito de prevaricación administrativa". No obstante, resalta en sus conclusiones que en este caso entiende que no se cumple el requisito del enriquecimiento injusto exigido con carácter especial por el tipo delictivo previsto y penado en el Código Penal.

Presunto delito de falsedad documental

El magistrado instructor afirma en las diligencias previas que "no hay duda alguna que los hechos objeto de investigación encajarían en el fraude de subvenciones mediante el falseamiento de las condiciones requeridas para su concesión en relación con la ayuda pública relativa a la renovación de alumbrado público convocada por la Consejería de Industria".

Eso sí, recalca que "la conducta que nos ocupa en el presente caso es atípica en la medida en que la subvención obtenida no alcanza el mínimo legal establecido de 120.000 euros". La certificación tiene un valor de 115.846,88 euros.

El expediente "se encuentra plagado de irregularidades", como destacó durante su declaración el actual secretario del Ayuntamiento de El Provencio. Sin embargo, de los datos obrantes en las actuaciones se derivan dos hechos de sustancial importancia para el magistrado instructor: que el dinero fue destinado a la empresa Álvaro Villaescusa S.A., y que tal dinero se entregó en condición de pago por obras efectivamente realizadas.

Así, no se cumple el delito de malversación de caudales públicos "en la medida en que no se ha producido enriquecimiento injustificado de tercero (característica esencial de los delitos de enriquecimiento) sino enriquecimiento con causa en la realización de obras de amejoramiento de la Avenida Río Molino".

De tres a seis años de prisión por falsedad documental

El instructor señala respecto al arquitecto Diego Torrente que "certificó unas obras no ejecutadas". Además, indica que "se ha mostrado durante sus interrogatorios sumamente esquivo, especialmente a las preguntas que le he formulado durante los mismos. Viene a establecer así que fue engañado, que estaba pasando un mal momento personal y que desconocía la realidad de sus actuaciones. No juzgo, sin embargo, relevantes tales afirmaciones".

Además, añade que "el propio Torrente desconocía haber emitido certificación alguna en relación con la obra de Río Molino ha realizado afirmaciones evasivas sin concretar las personas delante de las que teóricamente se habría firmado la certificación señalada, las personas que le habrían facilitado las mismas o las personas que emitían las certificaciones, si es que él no era quien las emitía y se limitaba a firmar".

Considera entonces que "no hay duda alguna, por tanto, que la responsabilidad de la emisión de una certificación final de obra es del Arquitecto Director que, en el presente caso, y en relación con la obra de Río Molino, era Diego Torrente. No hay duda alguna que Diego Torrente Garavilla certifica una serie de partidas ejecutadas que nunca llegaron a ejecutarse".

Por tanto, indica que "existen indicios racionales suficientes de que el mismo ha realizado hechos susceptibles de ser calificados como falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles", y que "su posible responsabilidad debe encuadrarse en el delito de falsedad documental previsto en el artículo 390 del Código Penal y penado con penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años".

El magistrado considera que "cuando Diego Torrente Garavilla es contratado por el Ayuntamiento de El Provencio para la ejecución de partidas de obra pública participa de las funciones propias de la Administración Local y debe ser considerado ‘funcionario público' en sentido jurídico penal". Por este motivo el delito en su caso no ha prescrito, pues el plazo es de diez años.

Prescrito en el caso del contratista

Por el contrario, sí habría quedado prescrito en el caso del contratista Antonio González, dado que la denuncia se presentó el 15 de julio de 2016, por lo que habían transcurrido 5 años al tiempo de interposición de la misma. El instructor indica que la responsabilidad del contratista "ha de imputarse a título de particular y no funcionario público, pues en el mismo no concurre el ejercicio de funciones públicas".

Sobre González, el magistrado instructor cree que "participó activamente de la infracción penal imputada a Diego Torrente, y que tal participación se hizo a sabiendas, precisamente porque Antonio González lo que quería era cobrar las partidas ejecutadas, siéndole indiferente si para ello debía incurrir en una falsedad al tiempo de describir las unidades de obra realmente ejecutadas".

El PP recurre y exige a Galiano que pida disculpas

El Partido Popular de El Provencio ha presentado un recurso a estas diligencias previas que exoneran a la exalcaldesa Manoli Galiano. Según señalan en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, la valoración popular es que "el juez da la razón al Ayuntamiento de El Provencio, que denunció la aparición de una factura por unos trabajos no realizados". En este punto, los populares han incidido en que "para aquellos que alguna vez dudaron de esta denuncia, ahora ha quedado demostrado que siempre se dijo la verdad".

Ante el conocimiento de este nuevo auto, el PP de El Provencio ha acusado a la aforada senadora del PSOE y exalcaldesa de este municipio "de mentir sobre esta casusa judicial abierta por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude de subvenciones públicas y malversación de caudales públicos, después de que Galiano haya afirmado que los tribunales han archivado el caso del escándalo del alumbrado público".

Desde las filas populares han matizado que el juicio todavía no se ha celebrado y han aclarado que continúa la tramitación de diligencias previas por presunto delito de falsedad documental en lo referente al arquitecto de la obra.

Sin embargo, respecto a Galiano, los populares destacan que el juez indique  textualmente que "todo parece indicar que el Ayuntamiento, y probablemente la alcaldesa, conocía el hecho de que no existía obra alguna relativa a la mejora de alumbrado público en El Provencio y que todo obedecía a un expediente pantalla realizado con el fin de cobrar una subvención cuya ejecución material nadie verificaba". Aunque también sobresee la actuación respecto a la exalcaldesa, pues ahora no reconoce haber tenido ningún tipo de responsabilidad en lo ocurrido. "Curioso que ni siquiera fuera capaz de darse cuenta que la factura de la luz no bajaba a pesar de (supuestamente) haberse cambiado el alumbrado por otro de bajo consumo", inciden desde el PP.

En este sentido, el PP ha reprochado a Galiano "su más absoluta falta de responsabilidad y de vocación pública ya que a pesar de la gravedad de los hechos, lo único que le importa es que el juez haya sobreseído la causa sobre su persona, sin importarle ‘el terrible problema' que ha dejado a todos los provencianos".

Por ese motivo, desde el PP esperan, al menos, una disculpa pública de  Galiano a sus vecinos "por su funesta gestión, que nos ha llevado a perder 115.000 euros más los miles de euros que podríamos habernos ahorrado (calculado en 150.000 euros más intereses) si el cambio de alumbrado se hubiera llevado a cabo realmente". Lejos de eso, continuaban los populares, la senadora "se jacta en la radio de haberse ‘ido de rositas' delante de todos los vecinos que han sufrido las consecuencias de su nefasto mandato".

Galería

Promedio (0 Votos)
La valoración media es de 0.0 estrellas de 5.
comments powered by Disqus