06/04/2018

El candil de Diógenes

La presidenta de la Comunidad de Madrid termina su intervención en la Asamblea entre las aclamaciones de sus acólitos, encantados de haberse conocido después de oír a su líder decir a mí que me registren, para chula, mi menda, aquí tengo el título que lo resuelve todo, saqué notable en derecho autonómico y todas las ilegalidades que denuncian los medios las comete todo el mundo, no hay trato de favor. Me matriculé fuera de plazo, una minucia, ni a una clase fui porque la universidad me lo permitió aunque el curso fuera presencial, y el trabajo fin de máster que lo presente quien lo tenga, que yo soy tan ajena a estas cuestiones mundanas que he perdido mi tesis mientras luchaba contra la corrupción, pero aquí tengo el acta que acredita todo esto y si las firmas son falsas, que responda el que me regaló el título. Al fin y al cabo, inflar el currículum es el deporte nacional, y si el que más alza la voz para fiscalizar toda esta desvergüenza es un partido que quiere presentar como candidato a sucesor de Cifuentes, a un dirigente sancionado por otra universidad por no haber concluido el estudio sobre la vivienda andaluza para el que fue becado como investigador, estamos apañados. Para cerrar el círculo virtuoso de todo este embrollo, sólo falta Ana Rosa comentando en su programa la jugada que ella conoce bien desde que se atribuyó la autoría de aquel libro que en realidad le escribió su cuñado.

Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Me temo que el trabajo de Cifuentes debe hallarse en el mismo limbo donde el inquisidor Monedero guarda el informe sobre la moneda única bolivariana, por el que recibió casi medio millón de euros que quiso tributar indebidamente como sociedad para ahorrase un dinerito a la hora de cumplir con el erario público. Todo ello no le impide seguir siendo un referente ideológico de un partido desde el que exige de vez en cuando pureza ética a los defraudadores fiscales como también lo hace su secretario de organización, que no pierde ocasión para impostar lecciones morales a pesar de haber tenido contratado a un asistente sin darlo de alta en la seguridad social. En su pecado lleva la penitencia de sufrir cómo los que demonizan su actitud, suelen pertenecer a partidos que han hecho del dinero negro la moneda común de su forma de financiarse.

La política actual ha entrado en un bucle de hipocresía en el que la viga en el ojo ajeno no molesta en el propio. Lo vemos cotidianamente en el proceso catalán. Los líderes independentistas denuncian la parcialidad del sistema judicial español, acusando al gobierno de manipular las resoluciones de los tribunales que en último término controla a través del Consejo General del Poder Judicial, un escenario propicio para el cambalache político. Las sospechas son legítimas y la crítica sería coherente si no fuera porque la ley de transitoriedad que diseñaba las estructuras de la nonata república catalana, pretendía configurar una judicatura dependiente del poder político hasta el extremo de que el presidente del Tribunal Supremo debía ser designado directamente por el presidente de la Generalidad, ese prócer errante que ahora proclama su delirio en tierras alemanas y que también mintió en su día sobre sus méritos académicos, atribuyéndose la condición de filólogo cuando no pasó de bachiller.

Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La ejemplaridad en nuestros usos sociales y políticos es patrimonio de unos pocos que jamás blasonan de ello en público, y prefieren el trabajo callado sin otro juicio que el de sus conciencias. Son los cuatro consejeros de Bankia que rechazaron las tarjetas opacas al fisco, el alcalde alicantino que a mitad de legislatura se marcha a su casa porque ya cumplió el programa, el viejo profesor que vuelve a su cátedra tras servir a la sociedad. Algo es algo para seguir tirando en el complicado reto de encontrar un hombre honrado. No es poco consuelo para el candil de Diógenes.

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