04/05/2018

El calor de la manada

Nos gusta el calor de la manada. Nos sentimos más cómodos siguiendo la opinión dominante que afrontando el vértigo de la disidencia. El gregarismo se ha instalado en los usos sociales arrojando al librepensador y su osadía al frío desván de las opiniones singulares, cuando no al ostracismo del apestado. Lo estamos viendo estos días en las reacciones a la sentencia del mediático proceso que enjuició la salvajada cometida por cinco mastuerzos cuya conducta sexual hubiera merecido un lugar entre los cabestros que guían los encierros de San Fermín. Sin embargo, el movimiento que ha condenado la resolución pidiendo la inhabilitación de sus autores no busca tanto el castigo ejemplar de los culpables como la consecución de esa justicia automática que pretenden implantar los que no admiten otra manera de aplicar la ley que la dictada por su particular sectarismo. Pero la realidad no es unívoca y permite el matiz y la discrepancia, la sucesión de los hechos suele admitir diversas interpretaciones susceptibles todas ellas de un fundamento jurídico plausible, como por otro lado sabe cualquier aspirante a jurista, que estudia para entender que la violencia, la intimidación, la resistencia o el prevalimiento son conceptos jurídicos que define la jurisprudencia antes que el diccionario.

Yo sí te creo, clama la horda empeñada en resolver el juicio paralelo en una condena a la altura de su exigencia de venganza, sin reparar en que el voto mayoritario de la sentencia que frustra su hambre de triunfo, también creyó a la víctima, y trasladó punto por punto al relato de hechos probados sus manifestaciones,  tras considerarlas coherentes, persistentes y verosímiles. Más de trescientos folios después, la frontera entre la violación y el abuso es tan tenue que ambas calificaciones pueden estar fundadas en derecho siempre que la decantación por una de ellas dependa del examen directo de la prueba y no del exabrupto de la turba manipulada por cuatro líderes de opinión.

Detrás del fragor de la batalla de estos días, late un oscuro intento de deslegitimación del Estado de Derecho que en último término nos protege, por parte de los que prefieren la agitación social a cualquier costa, a debatir con mesura sobre una resolución judicial criticable y esperar el devenir del prolijo sistema de recursos a disposición de las partes. El populismo invade los conflictos del momento y lo mismo sirve para conceder una pátina de dignidad al supremacismo cotidiano del nacionalismo mendaz que para hacer pasar por creíble el arrepentimiento falso de los herederos del terror. No es una casualidad que hayan sido Otegi y Puigdemont los primeros que se han subido al carro de los ataques a estos jueces con la vista puesta en sus asuntos particulares. Lo sorprendente es que de ese carro tire también el Ministro de Justicia de un gobierno para el cual el control de los demás poderes del Estado se ha convertido ya  en una cuestión de pura supervivencia con la que mitigar las consecuencias de su permanente afán de latrocinio.

Odia el delito y compadece al delincuente. Las palabras de Concepción Arenal se desvanecen como el agua entre las manos de las buenas gentes que no se dan por satisfechas con nueve años de prisión para los culpables, uno menos que la pena mínima señalada por el Código Penal para el homicidio. La presunción de inocencia es un tótem de nuestras libertades que se desprecia con la misma facilidad con que se acusa al abogado defensor o al juez discrepante de agentes del mal, como si el que hoy sobreactúa detrás de la pancarta nunca fuera a dar un mal paso que precisara una defensa legal y un proceso con todas las garantías. El letrado sabe por experiencia que quien hoy se erige en su maniqueo inquisidor mañana puede ser el reo que necesite sus servicios. El juez que toma el camino más difícil sabe que sufre más la justicia por un inocente condenado que por cien culpables en libertad.
  
 

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