07/11/2018
Cuenca

El Ayuntamiento acordó alquilar la sede de Urbanismo en 2007 aceptando pagar el doble que dos años antes

La cesión del edificio de Hurtado de Mendoza debió declarse nula de Pleno derecho y la adjudicación de un contrato de este tipo debía haberse puesto en marcha una licitación similar a la de 2005, según informes a los que ha tenido acceso este periódico.

Gerencia de Urbanismo

El Ayuntamiento acordó en 2007 alquilar la sede de la Gerencia de Urbanismo aceptando pagar el doble que dos años antes, cuando sacaron una licitación para encontrar un local de similares características, según la documentación consultada por Vocesdecuenca.es relacionada con la cesión del edificio de Hurtado de Mendoza por parte de NAVISA, inmobiliaria a la que el Consistorio pagará 932.000 euros por la utilización de estas dependencias desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 20 de julio de 2016, siempre que el Pleno acepte el pacto alcanzabdo por ambas partes.

En febrero de 2005 el Ayuntamiento publicó en el Boletín Oficial de la Provincia licitación que para la contratación de un local de oficinas, por un periodo de cuatro años y un presupuesto máximo de 2.500 euros al mes, a razón cinco euros por metro cuadrado para una superficie máxima útil de 500 metros cuadrados. Hubo una propuesta de adjudicación para un local de la calle Princesa Zaida, pero el propietario no aceptó las condiciones municipales sobre una serie de obras que habría que ejecutar, por lo que el concurso quedó desierto.

En el mes de septiembre de ese mismo año un representante de NAVISA pone a disposición del Ayuntamiento el local de Hurtado de Mendoza, de 527 metros cuadrados, de forma gratuita durante dos años. En un escrito sin firma dicho representante hace constar que el alquiler del establecimiento sería de 10 euros al mes por metro cuadrado.

La cesión del año 2005, al ser gratuita, no fue aceptada por ningún órgano municipal, si bien es cierto que la  legislación de aquella época no regulaba las cesiones sin contraprestación económica y el Ayuntamiento podía aceptar el uso gratuito de un bien si no existe restricción alguna, según explican los informes sobre este caso a los que ha tenido acceso Vocesdecuenca.es.

En diciembre de 2007 el alcalde Francisco Javier Pulido firmó el acuerdo, por el cual el Ayuntamiento pagaría con la monetización de unos futuros aprovechamientos urbanísticos en unos sectores que iban a nacer con la modificación del Plano Ordenación Municipal y que nunca llegaron a hacerse. Este acuerdo valoraba el uso del edificio de Hurtado de Mendoza en 10 euros mensuales por metro cuadrado.

Según los informes consultados por este periódico este acuerdo no tiene validez jurídica alguna y debió considerarse nulo. Para la adjudicación de un contrato de este tipo debía haberse  puesto en marcha un expediente y una licitación similar a la que se había realizado en 2005. Además, al ser un contrato plurianual, el Pleno debía haber adoptado un acuerdo sobre compromiso de inclusión de créditos en los presupuestos futuros. Por otro lado, los informes consultados señalan que contraprestación del Ayuntamiento no era el pago de una renta mensual, sino un pago futuro que se debía realizar cuando los aprovechamientos urbanísticos fueran una realidad.

En 2014 el representante legal de NAVISA presentaba al Ayuntamiento una liquidación por el uso del inmueble por una cantidad que entonces valoraba en 956.000 euros. Uno de los informes consultados por Vocesdecuenca.es ya reconocía en 2015 que el Ayuntamiento tendría que pagar, pero no la cantidad reclamada por la empresa sino la fijada por los técnicos municipales y además sugería que el Consistorio puede iniciar un expediente por posible responsabilidad de las autoridades que intervinieron en este asunto "y a la vista de la tramitación del mismo acudir al órgano consultivo o a las autoridades judiciales". Sobre este asunto órgano consultivo de Castilla La Mancha se pronunciarían después diciendo que no era un caso de responsabilidad administrativa por funcionamiento anormal, sino el incumplimiento de un contrato. Tras el informe del Consejo Consultivo la sugerencia sobre una posible responsabilidad de las autoridades no vuelve a ser mencionada en informes posteriores.

La propuesta del concejal de Hacienda para poner fin a este procedimiento judicial es pagar 932.175,08 euros, de los que 689.167,11 corresponden a la cuantía en la que los técnicos municipales han valorado la ocupación municipal de dicho inmueble desde el 1 de octubre 2007 hasta el 20 de julio de 2016 y 243.007,97 euros a los intereses correspondientes. La empresa aceptará este acuerdo de pago a pesar de que la valoración que hizo en 2014 era todavía mayor y que el local se siguió usando hasta julio de 2016.

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