EL PSOE no contempla tomar medidas contra el exalcalde de Quintanar y otros dos concejales tras la apertura de juicio oral

Los socialistas apelan a la presunción de inocencia y cargan por el PP por haber difundido la noticia del proceso judicial; opinan que vulnera la Ley de Protección de Datos

El PSOE no contempla tomar ningún tipo de medida contra el exalcalde de Quintanar del Rey Martín Cebrián y dos de sus concejales, Francisca Cebrián Navarro y Jesús García Sáiz (este último actual teniente de alcalde de la localidad) después de que un juzgado de Motilla del Palancar les haya abierto juicio oral por presunta prevaricación administrativa en la licitación de unas obras. La agrupación socialista de la localidad justifica su decisión porque estas personas “no han sido juzgadas y por ahora no son culpables de ningún delito”.

En un comunicado remitido a los medios por el PSOE de Cuenca, los socialistas quintanareños expresan que «confían plenamente en la justicia» y apelan a la presunción de inocencia porque “se trata de tres personas que han trabajado por su pueblo durante muchos años”.

El PSOE de Quintanar del Rey ha pedido al Partido Popular respeto a esa presunción » a la presunción de inocencia». Lo hace tras la difusión por parte del PP de una nota de prensa «en la que se ofrece información sobre un proceso judicial que afecta a tres personas vinculadas al PSOE, de las que se dan datos de carácter personal». A juicio de los socialistas, «este hecho podría vulnerar la Ley de Protección de Datos ya que dos de estas personas no ostentan ningún cargo público en la actualidad» y aseguran que así se lo han confirmado sus servicios jurídicos.

«El trámite de apertura de juicio oral supone que toda la documentación recabada se verá delante del juez para comprobar si ha existido o no ha existido delito, es un procedimiento habitual de la justicia, y debe respetarse hasta que finalice y exista una sentencia firme», defienden.

Mientras tanto, desde el PSOE piden a los dirigentes populares que “dejen de hacer juicios públicos y de emitir sus propias sentencias por adelantado” porque con este tipo de actuaciones, demuestran, una vez más que “les interesa más el ruido mediático, que hacer justicia”.

La Fiscalía solicita para los acusados la Fiscalía ha solicitado para los acusados 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.