La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves en su visita a Cuenca que aboga por intervenir en determinados lugares cuando «los alojamientos turísticos entran en conflicto y limitan el uso residencial de la vivienda, inflan los precios de mercado, imposibilitan el acceso, o implican un cambio de modelo de ciudad».
Así se ha expresado antes de visitar las instalaciones de la empresa Lignum Tech, que utiliza la industrialización y la tecnología más avanzada en el sector de la edificación. También ha precisado, eso sí, que este intervencionismo «no entra en conflicto con el sector estratégico del turismo, en el que España es líder, pero queremos liderar un turismo sostenible desde el punto de vista social».
Por ello, desde el ministerio se ha convocado para este mes de mayo a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya que son quien tiene las competencias en materia de turismo y ordenación de actividades económicas para «conseguir un gran pacto de país».
Rodríguez también ha recordado que existen Directivas Europeas y sentencias del TSJ de la UE que «vienen a decir que cuando estos alojamientos impiden el acceso a la vivienda, los estados tienen la necesidad de actuar», sentencias que ya existen en el Tribunal Supremo de nuestro país y que «hablan de la necesidad de compatibilizar estas actividades económicas con la convivencia vecinal».
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Darío Dolz, ha explicado que «en Cuenca de momento no hay un problema importante con los alojamientos turísticos». Aunque sí que ha reconocido que, «hace escasamente dos días» se reunió con el equipo redactor del Plan de Ordenación Municipal para «cifrar el número de establecimientos y que no pase como en otras zonas de España».
«Las viviendas tienen que estar ocupadas por los vecinos», ha afirmado Dolz, haciendo referencia sobre todo al Casco Antiguo. Incidiendo de nuevo en que «se va a redactar un estudio de la situación para que no se genere un problema con un aumento desmesurado de las viviendas turísticas».
Zonas tensionadas de alquiler
En cuanto a las zonas tensionadas por el precio del alquiler de viviendas, la ministra ha remarcado que «las administraciones no podemos ni debemos mirar hacia otro lado», al tiempo que ha recordado que la Ley de Vivienda «no solo se refiere a la limitación de precios, sino también a medidas excepcionales para acabar con una situación excepcional».
«En dos o tres años deberíamos, con estas medidas, haber terminado con la tensión de esos mercados o tener que implementar nuevas medidas de manera más extraordinaria para poder acabar con ello», ha explicado.
Por otro lado, el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha emplazado a la ministra a «resolver el reto que plantea el problema de la vivienda en las zonas afectadas por la despoblación», ya que, aunque resulte «paradójico», «existe una sustancial falta de vivienda disponible para acoger a nuevos moradores».
«Hay mucha vivienda vacía que tenemos que ser capaces de movilizar y ponerla a disposición de aquellas personas que han sido capaces de decidir ir a vivir a estos pueblos», ha afirmado, explicando que, prácticamente un cuarto de las personas que deciden venir a vivir a la región desde fuera «lo ha hecho a zonas despobladas».
«Y eso pasa», considera Guijarro, «porque los nuevos planes de vivienda diseñados desde el Gobierno central incluyan un programa de rehabilitación de viviendas que tenga en cuenta la realidad de los pueblos». Con ello se buscará conseguir «aumentar el parque inmobiliario y que las personas que pueden estar pensando en asentarse en ellos tengan una alternativa de vivienda y, más aún, una oferta pública para poder atraerlos y poder estabilizarlos de una manera más permanente», ha argumentado.
